Siete secretos para reducir gastos en su comunidad

Siete secretos para reducir gastos en su comunidad

Los gastos de una comunidad de propietarios son proporcionales a su tamaño y a los servicios que tenga contratados. la luz de la escalera, el mantenimiento del ascensor y la limpieza del portal son los gastos mínimos que habrá que afrontar. si el edificio tiene además calefacción central, conserje o un administrador profesional, los gastos crecen considerablemente, y no digamos si disfruta de piscina y jardín..

en cualquier caso, al margen del número de servicios, todas las facturas se pueden recortar, aunque, como es obvio, cuantas más partidas haya mayor será el ahorro que se consiga

1.- electricidad: basta con poner detectores de presencia en los descansillos y cambiar las bombillas clásicas por led. ¿sabías que un foco led consume hasta 9 veces menos que un halógeno y dura encendido muchos más años?

2.- ascensor: se pueden conseguir ahorros superiores al 15% según la empresa con la que se contrate el mantenimiento. además, si en el edificio existen varios ascensores, unificar las líneas de teléfono de urgencia supone un ahorro

3.- administrador: si tu comunidad es pequeña, apenas tiene servicios o  no hay empleados contratados, es mucho más barato que un propietario quien se ocupe de las gestiones de administración. si se hace necesario un administrador de fincas, hay que elegir bien: debe aportar valor añadido (buscar ahorro o pedir ayudas y subvenciones antes de acometer una obra importante, por ejemplo) y que sus honorarios no sean exagerados

4.- reparaciones: si en tu comunidad son habituales las pequeñas reparaciones ordinarias, merece la pena contar con un ‘manitas’ o contratar con una empresa de servicios generales. las contratas de limpieza suelen ofrecer también este servicio

5.- seguro: ¿por qué seguir pagando por uno caro pudiendo tener un seguro bueno a buen precio? una buena póliza puede costar hasta un 50% menos que otras con las mismas coberturas

6.- calefacción: la calefacción central se lleva el 50% del presupuesto comunitario. además, hay que sumar los gastos de electricidad y mantenimiento de la instalación. desgraciadamente no hay una gran competencia entre suministradores de combustibles pero, aun así, hay diferencias de hasta un 6% en el precio del gasóleo. para que te hagas una idea, si tu comunidad gasta 50.000 euros al año en gasóleo, eligiendo un proveedor más económico podéis ahorraros unos 3.000 euros

Consulta con tu administrador de fincas si es legal que su operador de telefonía ocupe su cubierta

Consulta con tu administrador de fincas si es legal que su operador de telefonía ocupe su cubierta

Existe una honda preocupación en las comunidades de propietarios ante la noticia difundida en los medios de comunicación de que la nueva Ley General de Telecomunicaciones posibilitará expropiar sus terrazas para colocar en ellos antenas de telefonía móvil. Los propietarios se ven indefensos ante la eventualidad de que un operador les diga que su azotea es de «interés general» para el despliegue de una red de telecomunicaciones, sin tener en cuenta argumentos sobre la propiedad privada o razones medioambientales, o de salud pública o aún de ordenación urbana que deberían, cuando menos, condicionar esta medida forzosa.

Lo cierto es que esta Ley pretende activar un sector estratégico que si bien tiene mucho que ver con el desarrollo económico y social del país, dinamita, sin embargo, uno de los principios casi intocables en un Estado de derecho como es la propiedad privada, sin que la mera declaración formal de interés social puede bastar para la privación coactiva de un elemento común del edificio.

La utilidad pública no es una caja de Pandora que sirva para despojar a los copropietarios del terrado de su finca sin atender siquiera al espacio de ocupación que resultaría tolerable, es decir, el uso mínimo sin perdida absoluta de la propiedad.

Dejando al margen la falta de conciliación de esta nueva Ley con el «principio de precaución ambiental» recogido en la Ley de Salud Pública -que obligaría a restringir seguramente la instalación de antenas ante el potencial peligro que puede suponer para la salud de las personas-, resulta incomprensible que no tenga en cuenta que este tipo de antenas suponen un sobrepeso para la cubierta que afectará sin duda a la estructura de sustentación del inmueble, sin ser desdeñable la clara depreciación de las viviendas por el hecho de tener colocadas en sus azoteas estas infraestructuras forzosas.

Esto, al margen de que si se produce la expropiación de la cubierta, elemento común por naturaleza, se gestaría un cambio del título constitutivo incompatible con los enunciados de la Ley de Propiedad Horizontal, como también la necesidad de desafectar un elemento común una vez justipreciado el valor del terrado, lo que precisa la elevación a escritura pública de esa decisión y posterior inscripción registral. Cuestiones formales que desde luego no prevé la norma, lo que posibilitará ante esas lagunas legales que la comunidad se oponga a la instalación alegando razones de imprevisión que chocan con los enunciados de la Ley de Propiedad Horizontal.

Expuestas así las cosas el lector se preguntará: qué podemos hacer si un operador de telefonía se presenta en el edificio y nos dice que nuestro terrado es de interés general para colocar una antena. La respuesta es que contacte inmediatamente con su administrador de fincas colegiado para que se ponga en contacto con la empresa y tutele desde ese mismo momento que se cumplen todos los requisitos legales para la ocupación del terrado, ya sea a través del procedimiento de la expropiación forzosa o mediante la declaración de servidumbre de paso.

Deberá también el administrador controlar que los costes sean asumidos íntegramente por el operador; la correcta valoración económica de la servidumbre o expropiación; que el proyecto técnico es aceptable a la hora de no generar ningún sobrepeso en la cubierta; si procede constituir en derecho una servidumbre de paso y no la expropiación del terrado; si se sobrepasa la volumetría autorizada en la zona; si la instalación comporta la modificación del título constitutivo; si existen trasteros que deban tener expedientes distintos en función de las titularidades; si atendiendo a la zonificación del espacio radioeléctrico es justificable esa ocupación; si el trazado propuesto es el correcto frente a otros que pudieran darse; etcétera.

En suma, y si bien es justificable un cierto sobresalto a raíz de los titulares de prensa referidos a la aprobación de esta ley, de un análisis pormenorizado del texto se deduce que las comunidades de propietarios pueden y deben estar vigilantes a través de sus administradores de fincas colegiados, para que si surge esta petición de un operador se cumpla el procedimiento legal de forma taxativa, controlando activamente si la terraza o cubierta de su edificio puede o no ser ocupado.

Los administradores de fincas solicitan la Colegiación

Los administradores de fincas solicitan la Colegiación

Los alrededor de 16.000 administradores de fincas, que administran y gestionan el 80% del parque de viviendas que hay en España, ven con cierto recelo el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, promovida desde el Ministerio de Economía. La propuesta legal reserva la colegiación para las profesiones relacionadas con la salvaguarda de intereses generales como la protección del medioambiente y del entorno urbano, la protección de la salud y la seguridad física y jurídica de los consumidores y usuarios. En los demás casos, liberaliza la actividad.

Los administradores colegiados sostienen en su defensa que «la principal inversión de una familia es la vivienda, un bien a proteger y que debe estar debidamente gestionado por profesionales capacitados. Si se quita la obligatoriedad de la capacitación, el usuario verá limitada su capacidad de reclamar», apunta Salvador Díez, presidente del Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGAFE).

El proyecto de liberalización se produce, además, en un momento en que la crisis también se ha dejado sentir en el negocio. «Si hace tres años se cobraba 4,5 euros por vecino al mes, ahora se ajusta a poco más de 3 euros», reconoce Díez. Una rebaja de en torno a un 25% que puede variar, al alza o a la baja, en función de las características de la comunidad y de la zona en que se encuentre.

Los representantes de los administradores colegiados arguyen que sus afiliados son personas que han recibido la correspondiente titulación oficial o título superior universitario y que, a través de sus colegios profesionales, tienen concertado un seguro de responsabilidad civil en caso de haber incurrido por omisión o negligencia en su actuación profesional. En algunos casos, además, cuentan con otro seguro de caución para responder de su gestión económica.

La liberalización, en opinión de los colegiados, pone en riesgo la seguridad que suponen las exigencias con las que trabajan los colegiados. Así que con motivo del cambio de regulación que pretende aplicar el Gobierno, los administradores de fincas quisieron testar la evaluación que los ciudadanos tienen de su actividad.

En su propio sondeo, un 79,8% de los españoles considera que la profesión de administrador de fincas debería incluirse entre aquellas para las que es obligatorio estar colegiado. Y, en el supuesto de que el Gobierno liberalizara la actividad y ésta pudiera ser ejercida por personas que no estuvieran colegiadas, el 66,8% piensa que sería perjudicial para la calidad del servicio que se presta a los propietarios.